Sánchez deberá votar en el Congreso una petición para blindar las aguas canarias frente a Marruecos

Una fugada de Podemos puede poner en un aprieto a Pedro Sánchez en el Congreso: forzará al PSOE a posicionarse sobre si quiere blindar o no las aguas canarias ante la indefensión en la que han quedado tras la sumisión del presidente del Gobierno ante Marruecos con el Sáhara. Sánchez se ha entregado a las exigencias de Rabat en cuanto al territorio saharaui.

Y eso hace que las exigencias marroquíes sobre la parte subterránea de las Canarias dentro de las aguas no reconocidas a España se pueden incrementar de un momento a otro. Con la pretendida incorporación del Sáhara, Marruecos pasa a tener una menor distancia con respecto a las denominadas abuelas de Canarias, todo un mundo submarino plagado de yacimientos de telurio, cobalto y hasta petróleo. Y todo un pozo de riqueza que Sánchez ha dejado en la más absoluta ambigüedad tras su cesión ante Marruecos.

La persona que ha impulsado la exigencia, además, es la misma diputada -hasta hace bien poco de Podemos y ahora en el Grupo Mixto- que se marchó de la formación morada hace escasos meses por la “deriva orgánica” del partido. Su nombre es Meri Pita, diputada canaria.

En nombre del Grupo Mixto, Pita ha trasladado una proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos exteriores para que Canarias sea reconocida como “un archipiélago con plena autonomía interna que le permita ser parte de la convención del mar al amparo”. Y, como consecuencia, reclamar los yacimientos submarinos.

El texto presentado señala que “Canarias se define, tanto en la Constitución española como el Estatuto de Autonomía, un archipiélago, que de acuerdo con el art. 46. 2, b) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar […] se configura como un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal”.

Canarias, por lo tanto, no es un estado archipelágico. Es decir, que “únicamente puede aplicársele, al no ser un estado archipelágico, el régimen normal de las islas, contenido en el art. 121 de la Convemar, en virtud del cual los diferentes espacios solo se pueden delimitar a partir de cada una de las islas, lo que impide la configuración de las aguas archipelágicas”.

Canarias y Marruecos

Por todo lo anterior, la mediana de los distintos espacios marítimos entre Canarias y Marruecos que está sin delimitar, “sólo se puede hacer, sin que el archipiélago salga perjudicado, dotándolo de un estatus político que le permita a los legítimos representantes del pueblo canario participar en esa delimitación con reconocimiento internacional; ese estatus es el de Plena Autonomía Interna (PAI), tal como se contempla en su artículo 305 de la Convención del Mar permitiendo, tanto la delimitación de la Zona Económica Exclusiva y, en su caso, de la Plataforma Continental, como trazar bases de líneas para delimitar las aguas archipelágicas, que el Estado nunca podría delimitar”. Algo que le permitiría reclamar los yacimientos submarinos.

En 2009 España solicitó a la ONU la ampliación de su Zona Económica Exclusiva en el margen Este de Canarias hasta alcanzar las 350 millas, en previsión de la existencia de importantes yacimientos minerales e hidrocarburos (especialmente de telurio, cobalto y petróleo), entrando en competencia con Portugal y Marruecos.

El documento del Grupo Mixto destaca la gravedad de esta disputa de aguas, “sobre todo, ante eventos especialmente preocupantes, como la política de hechos consumados de Marruecos en esta materia, que sí ha desarrollado su propia legislación en el ámbito marítimo, e incluso ha empezado a aplicarla de forma unilateral”. Algo aún más profundizado con la cesión de Sánchez en materia del Sáhara.

Por ello, “ante la situación de inseguridad jurídica en que se encuentran actualmente las aguas archipielágicas de Canarias, y la posible afectación que esta situación puede generar para el desarrollo económico y social de las Islas, así como para la conservación de su medio natural terrestre y marino”, la proposición solicita al «Congreso de los Diputados que inste al Gobierno del Estado a reconocer el estatus de las Islas como una unidad funcional a todos los niveles».